La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, busca lo mismo que consiguió en España la Ley de Violencia de Género con las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas: cambiar el clima social, hacer entender que no es un tema privado que se resuelva de puertas para adentro y en silencio y garantizar que las mujeres agredidas sexualmente son creídas y apoyadas por las Administraciones para poder rehacer sus vidas. Prevé un fondo específico para las mujeres y un ambicioso plan de formación que abarca desde escolares a jueces, pasando por policías o militares. Y equipara a las asesinadas por violencia de género —cuyos casos dejaron de ser tratados como algo íntimo y familiar tras el despertar social que provocó el asesinato de Ana Orantes, quemada viva por su marido en 1997— con las que entrarían en lo que define como feminicidio sexual, mujeres a las que matan tras una agresión sexual, como les ocurrió a las jóvenes Diana Quer y Laura Luelmo, asesinadas en 2016 y 2018, respectivamente. Además, desaparece el delito de abuso y retoca las penas a los agresores.

Más de 1,3 millones de mujeres han sufrido violencia sexual, según la última macroencuesta del Gobierno. El borrador de la nueva norma de Igualdad nació inspirado por el caso de La Manada de 2016, la violación de cinco hombres a una mujer de 18 años en Sanfermines, que provocó una amplia movilización del feminismo. Incluye el derecho a la reparación para las mujeres y niñas y asistencia integral para ellas, lo que supone desde un empleo a acceso a la vivienda o abogado gratuito, además de declaraciones institucionales de reparación simbólica como las que se celebran ahora cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja. No se expulsará a mujeres extranjeras que no tengan la documentación en regla si han sido víctimas de una agresión sexual. En el cálculo de las ayudas por daños y prejuicios, se analizarán tanto los daños físicos como aquellos sobre la dignidad, el tratamiento de salud sexual que necesiten o las actividades domésticas y de cuidado no remuneradas que no puedan ejercer.

Los fondos específicos con los que se harán estas reparaciones aún no están cuantificados. La memoria económica se incluirá cuando el proyecto vuelva al Consejo de Ministros, como fija la ley, explican desde Igualdad. Pero el ministerio espera sacar esos fondos del dinero decomisado a tratantes de mujeres, quienes se lucran de la prostitución, de la industria proxeneta o de la explotación sexual, entre otros delitos. Son los fondos que recauda la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, que en 2018 contaba con 22,5 millones de euros.

También prevén que la financiación salga de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye 200 millones anuales y de los fondos europeos. Igualdad espera «incrementar todas las partidas de las luchas contra las violencias machistas y contra las violencias sexuales» en los próximos Presupuestos.

Una de las novedades incluidas en este borrador es la atención a niños y niñas agredidos sexualmente, una «asignatura pendiente» del Estado, según las citadas fuentes. En los casos de feminicidios sexuales, reconoce para los huérfanos las mismas ayudas que para los huérfanos de violencia machista. También prevé ampliar las herramientas destinadas a las primeras para los casos de violencia sexual, como las unidades de valoración forense suscritas a los juzgados para maltratadas.

Tras pasar el periodo de alegaciones, con más de 70 enviadas por distintas entidades, el documento ha sido enviado al Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial y tiene que ser revisado posteriormente por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros. Con todos estos trámites pendientes, la previsión es aprobar la ley ya el año que viene.

El primer borrador fue presentado en marzo y provocó un desencuentro entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia que tensionó a los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que Igualdad da por zanjada, aludiendo en la actualidad a una «absoluta sintonía».

La ley de libertad sexual elimina el concepto de abuso y lo agrupa todo bajo el epígrafe de agresión sexual, además de poner el foco en el consentimiento de la víctima. No habrá consentimiento, según el borrador, si la víctima no manifiesta libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos su voluntad de participar. Como adelantó EL PAÍS, las horquillas de penas previstas se rebajan en los tipos básicos de los delitos, aunque al eliminar el abuso habrá penas más altas que ahora en algunos casos, otras más bajas y otras iguales, explican desde Igualdad. Con los cambios, los violadores de La Manada habrían sido condenados a 15 años, igual que ahora. Incluyen nuevos agravantes, como que la agresión se cometiera dentro de la pareja o tras suministrar drogas a la víctima que anulen su voluntad. También agravará la pena el hecho de que sea una agresión en grupo, en un nuevo cambio motivado por el caso de La Manada.

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